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El Cachemira indio, un territorio bajo vigilancia cada vez más orwelliana
El Cachemira indio, un territorio bajo vigilancia cada vez más orwelliana / Foto: © AFP

El Cachemira indio, un territorio bajo vigilancia cada vez más orwelliana

Un ambiente cada vez más orwelliano se instaura en Cachemira bajo administración india, donde los comercios y empresas privadas tienen la obligación desde abril de estar equipados con sistemas de videovigilancia.

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En un ambiente "Gran Hermano", las grabaciones de las cámaras de vigilancia deben ser proporcionadas tras simple solicitud de "la policía u otro organismo encargado de hacer respetar la ley", estipula un decreto que entró en vigor en abril.

Se trata, según sus propios términos, de "disuadir a los criminales y los elementos antisociales y antinacionales".

Según los defensores de los derechos humanos, la medida tiene como objetivo convertir al Cachemira indio en uno de los territorios más militarizados del mundo, un Estado bajo vigilancia.

Grupos separatistas combaten las fuerzas indias desde hace décadas, reclamando la independencia de Cachemira o su fusión con Pakistán, que controla parte de este territorio.

Cachemira está dividida entre India y Pakistán, países que desde su independencia en 1947, reivindican la soberanía de este territorio himalayo, de mayoría musulmana.

Desde una insurrección en 1989 en la parte administrada por India, las violencias han causado decenas de miles de muertos.

- Multa o cárcel -

Quien no respete el decreto se expone a una multa o incluso a la cárcel. Y las instalaciones -con infrarrojos, capacidad de almacenamiento de 30 días, buena calidad de imagen- las pagan los propios comerciantes.

Esos sistemas de videovigilancia que respondan a las exigencias del gobierno pueden llegar a costar 40.000 rupias, casi 500 euros (USD 525), según comerciantes de Srinagar, la principal ciudad del territorio.

"Las especificaciones (del sistema) mencionadas en el decreto hacen que para mí sea imposible pagar esos precios, en un momento en que los negocios están a la baja", dice a la AFP Bilal Ahmed, un heladero instalado en el barrio de negocios de Srinagar.

- Seguridad ante todo -

Las reiteradas demandas de la AFP a las autoridades para tratar el tema de la legalidad de esta medidas han quedado sin respuesta.

Pero según varios abogados interrogados por la AFP, el decreto no tienen ningún fundamento jurídico.

"Pero el hecho de que el gobierno describa este asunto como vinculado a la seguridad de Cachemira es superior a cualquier otra consideración", subrayó uno de ellos, requiriendo el anonimato.

Las cámaras de seguridad cubren ya casi todas las calles y callejuelas de Srinagar y otras localidades del territorio.

En agosto de 2019, el gobierno nacionalista hindú de Narendra Modi revocó súbitamente la autonomía parcial del territorio para colocarlo bajo su autoridad directa.

Miles de personas, entre ellos dirigentes políticos y militantes, fueron entonces detenidos. Las comunicaciones telefónicas y por internet fueron cortadas y aislaron al Cachemira indio del resto del mundo durante seis meses.

- "Inquietante evolución" -

Desde entonces, las leyes sobre la detención administrativa son habitualmente invocadas y pueden eludir de hecho los recursos judiciales.

Algunos sospechosos permanecen, a veces durante años, en las prisiones indias, a menudo sin juicio ni posible recurso.

Los habitantes, incluidos los periodistas, son regularmente convocados para "verificaciones de antecedentes". Los soldados confiscan habitualmente teléfonos móviles de los residentes locales para inspeccionar sus actividades.

Las técnicas de espionaje se han vuelto cada vez más sofisticadas, con las fuerzas de seguridad perfeccionando su amplia red de cámaras.

Según un documento oficial consultado por la AFP esta red debería incluir un sistema de vigilancia ultramoderno de 1.100 cámaras dotadas de capacidades de reconocimiento facial y de un centro de mando centralizados para un control en directo por parte de la policía.

El decreto de videovigilancia en los comerciantes supone "una inquietante evolución" para los residentes de Cachemira, declaró a la AFP Aakar Patel, exdirector de Amnistía Internacional en India, pues legitima "una vigilancia completa de su vida cívica, amenazando sus derechos a la vida privada, a la libertad de reunión y a la dignidad".

G.Schulte--BTB