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Justicia europea dictamina que se puede negar extradición si se violan derechos
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó este martes que un país del bloque no puede negarse a cumplir una orden de arresto y entrega, siempre que no se vulneren derechos fundamentales, en referencia al caso del exconsejero catalán Lluís Puig.
El caso tendría también repercusiones en la situación del líder catalán Carles Puigdemont, actualmente eurodiputado y quien fue objeto de varias órdenes de extradición para ser juzgado en España por la independencia de Cataluña en 2017.
En enero de 2021 un tribunal de Bélgica rechazó cumplir una orden para detener y extraditar a Puig, ex conseller de Cultura, a España, alegando que había riesgos de que su derecho a un juicio justo sea violado.
Además, esa corte belga cuestionó la jurisdicción del Tribunal Supremo de España como autoridad competente para solicitar la detención y entrega de Puig para ser juzgado por los eventos de 2017 en Cataluña.
En su determinación de este martes, el TJUE consideró que la autoridad judicial de un país del bloque "no puede, en principio, negarse a ejecutar una Orden Europea de Detención y Entrega" basándose en que la corte demandante "no tiene jurisdicción".
Esa autoridad, sin embargo, "debe negarse (...) si determina que hay deficiencias sistémicas y generalizadas que afecten el sistema judicial" en el país demandante o si la corte que formula la orden "claramente carece de jurisdicción".
De acuerdo con el TJUE, el principio de "confianza mutua" entre los estados del bloque es un "piedra angular de la cooperación judicial", pero también lo es "el derecho fundamental a un juicio justo".
- Extradición en "vía muerta" -
Así, para negarse a cumplir una orden de extradición un país del bloque debe verificar si existe esa "deficiencia sistémica y generalizada" que ponga en riesgo la posibilidad de un juicio justo, y si hay bases para creer que la persona afectada corre riesgo de tener sus derechos vulnerados.
El TJUE también apuntó que es posible que se emita una nueva orden europea de arresto y entrega, siempre que ello "no resulte en un atropello a los derechos fundamentales" de la persona en cuestión.
Luego del fallo del TJUE, Puigdemont afirmó que la postura del tribunal pone en una "vía muerta" las tentativas de la justicia española de obtener la extradición de dirigentes catalanes como él mismo, Puig, o los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí.
"Hoy la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja las extradiciones en vía muerta. Pone condiciones, además, a la presentación de nuevas euroórdenes, que en la práctica las hace inviables", expresó Puigdemont.
Por su parte, Puig dijo que la negativa de la corte belga de proceder a su extradición ya se apoyaba precisamente en la cuestión de vulneración de derechos fundamentales.
"Estaba en juego esta decisión del tribunal de Bruselas, y (...) buena parte de cómo la justicia europea debe funcionar a partir de ahora. Por lo tanto, [estoy] contento por mí personalmente, pero también contento pensando que Europa hoy es más justa", expresó.
España busca obtener la extradición de Puigdemont, Comín y Ponsatí, quienes ahora se desempeñan como miembros del Parlamento Europeo.
En Madrid, la ministra Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno, dijo que "lo que parece traducir este hecho es que se va a facilitar que el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la justicia española".
Originalmente, Puigdemont y Comín eran acusados de sedición y malversación de fondos, y Ponsatí apenas por sedición.
Sin embargo, la justicia española retiró en enero los cargos de sedición, ya que ese delito fue derogado de la jurisprudencia nacional. Puigdemont sigue procesado aunque ahora por los cargos de desobediencia y malversación.
J.Bergmann--BTB