Berliner Tageblatt - La fiscalía panameña pide hasta 12 años de cárcel para los fundadores de Mossack Fonseca

"El ministerio público solicita para los señores Jürgen Mossack y Ramón Fonseca una sentencia condenatoria", pidió la fiscal Isis Soto, durante el juicio que se en Ciudad de Panamá contra los fundadores de la firma.

Soto solicitó la pena por blanqueo de capitales, que según la legislación panameña, establece de 5 a 12 años de cárcel.

Además de Mossack y Fonseca hay otras 30 personas imputadas por este caso.

La fiscalía acusa al bufete, que cerró sus oficinas en 2018, de ser una "organización criminal" dedicada a ocultar activos vinculados al caso "Lava Jato", una investigación sobre corrupción surgida en Brasil.

Este escándalo sacó a la luz sobornos de empresas constructoras brasileñas, entre ellas Odebrecht, a funcionarios de varios países de América Latina para ganarse contratos de obras públicas entre 2005 y 2014.

Mossack y Fonseca "prestaron su colaboración sabiendo que existían indicios o elementos de la participación de estas personas (los acusados en Brasil) en actividades ilícitas y le prestaron su colaboración"", dijo Soto.

Según la fiscal, los acusados "permitieron a través de todo este engranaje que ellos controlan" que "se encubriera la propiedad de los bienes que fueron obtenidos de manera ilícita", agregó.

En la primera jornada del juicio, tanto Mossack como Fonseca, además del resto de los imputados, se declararon inocentes.

La acusación "es ridícula", manifestó Fonseca.

En 2017, Mossack y Fonseca estuvieron detenidos de manera preventiva por este caso, que es independiente al de los "Panama Papers", una filtración de documentos en 2016 que reveló la creación de numerosas sociedades off-shore por parte de este despacho para personalidades de todo el mundo.

Algunas de esas sociedades habrían sido utilizadas para evadir impuestos o blanquear capitales.

Desde 2019, Panamá castiga con pena de cárcel la evasión fiscal superior a los 300.000 dólares anuales. Anteriormente, en el país centroamericano este delito era considerado solamente una falta administrativa.

"Se pudo acreditar que, efectivamente, para el ministerio público se encubrió, se ocultó y se impidió la determinación del origen y destino de los bienes obtenidos de manera ilícita" en Brasil, afirmó Soto.

L.Janezki--BTB