Berliner Tageblatt - Las fosas comunes eternizan la guerra civil española

"Yo siempre he sido una mujer que a mi padre le he querido mucho, sin conocerlo, que no lo conocí", añade sollozando en el salón de su casa de Pinsoro, en Aragón. A su lado, su hija Conchita García le sostiene la mano, y ante ellas, sobre la mesa, hay fotos de su madre y de su padre, Jesús Ezquerra.

Tras el rápido triunfo en esta zona del golpe militar de 1936, este jornalero y concejal socialista de 38 años estaba seguro de que vendrían a buscarle, y había planeado escapar.

Cuando finalmente llegaron a su casa, temió a dejar atrás a su mujer y cuatro hijos, más uno en camino, María Jesús. Dos días después, yacía en la fosa común del cementerio de Ejea de los Caballeros junto a unas 150 personas, según una estimación conservadora.

- Unos 114.000 desaparecidos -

Hay más de 3.300 sepulturas clandestinas de la Guerra Civil y 114.000 desaparecidos, según el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque hubo ejecuciones extrajudiciales en el lado republicano, el franquismo hizo un esfuerzo por recuperar los cuerpos y homenajearlos.

La mayor fosa común de España está en el Valle de los Caídos, ahora de Cuelgamuros, el mausoleo cerca de Madrid que Franco se construyó a su gloria, y al que trajo unos 33.000 muertos de los dos bandos, sin informar a las familias de los republicanos.

Tras la muerte de Franco en 1975, algunos familiares empezaron a desenterrar a los suyos, porque su paradero era a menudo conocido, pero no fue hasta 2022 cuando se aprobó la ley que otorgaba al Estado "la responsabilidad" de las exhumaciones.

Sin embargo, la tarea sigue principalmente en manos de organizaciones, como la Asociación Memoria Histórica Batallón Cinco Villas, impulsora de los trabajos en Ejea.

"Esperamos que el proyecto dure unos dos años, porque es necesario recabar muchos recursos económicos", explica el secretario de esta asociación, Javier Sumelzo, de 42 años. Además, "las pruebas de ADN llevarán su tiempo", concluye.

- Menos de 1% identificados -

Javier Ruiz, arqueólogo de 56 años que dirige la exhumación, lamenta medio siglo perdido en España, entre resistencias y oposición de muchos políticos y ciudadanos.

A estas alturas, no existe siquiera un banco de datos genéticos nacional, como preveía la ley de 2022, sino varios regionales incomunicados.

"Lo que más nos jode es sacar una fosa y luego no poder identificar a casi nadie. Y conforme pasa el tiempo, es mucho más problemático", lamenta Ruiz.

Sin el ADN de los hijos, la mayoría muertos, "tienes que tirar de líneas [genéticas] laterales, cuando más te alejas, más complicado es", narra ante la fosa, de la que asoman esqueletos.

Según datos del Gobierno de finales de septiembre, de los 9.000 cuerpos exhumados en los últimos 5 años, sólo se entregaron 70 a los familiares, menos del 1%.

Cristina Sánchez, de 34 años, arqueóloga forense en la excavación de Ejea, habla con los familiares que vienen al cementerio.

"A veces conseguimos que la familia nos envíe alguna foto, o nos cuente si tenía algún tipo de cojera, llevaba gafas, algún rasgo físico", explica.

Pueden darse indicios de la identidad de alguien, pero el test ADN es imprescindible, si no "generas una esperanza que no debes", sentencia.

- Cerrar heridas, terminar -

Conchita, la hija de María Jesús, se ha dedicado en los últimos años a pelear por recuperar a su abuelo. Visita cuando puede la fosa y, para ella, las exhumaciones "no abren heridas, las cierran".

Están de acuerdo con ella tres primos sexagenarios, Ramón, Mariví y Paquita, nietos de Eusebio Fenollé Miguel, asesinado en 1936 y ya identificado tras ser desenterrado de una pequeña localidad cercana.

Sus abuelos descansan finalmente en la misma tumba, cubierta con la foto de su boda. Recuperarlo fue un "alivio, porque has encontrado a una persona que no has conocido, pero que la querías", dice Ramón ante la sepultura, mientras Mariví y Paquita responden al unísono que supuso "terminar la historia".

A.Gasser--BTB