Berliner Tageblatt - El Tribunal Supremo español condena al fiscal general a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

La corte considera que el máximo representante de la Fiscalía, nombrado en 2022 a propuesta del gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, cometió un delito de revelación de datos reservados y le impuso también unos 7.300 euros de multa (unos 8.400 dólares).

El fiscal general, que siempre negó ser el responsable de la filtración, también fue condenado a indemnizar con 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, cuya pareja es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La condena a García Ortiz supone un duro golpe para Sánchez y su gobierno, que siempre defendieron la inocencia del fiscal general del Estado.

Este polémico caso se remonta a febrero de 2024, cuando la fiscalía denunció a González Amador por defraudar 350.000 euros a Hacienda durante la pandemia de covid-19.

En marzo del mismo año, varios medios publicaron información sobre las conversaciones entre la fiscalía de Madrid y el abogado de González Amador para llegar a un posible acuerdo para declararse culpable a cambio de evitar ir a prisión.

La revelación de esta oferta podía generar dudas sobre la inocencia del empresario, quien recurrió entonces a la justicia, convencido de que el Fiscal General había organizado esta filtración a los medios para perjudicar a Díaz Ayuso.

Durante el juicio, varios periodistas aseguraron ante el tribunal que García Ortiz no era la persona que les había revelado la información.

Considerando que no había cometido ningún acto punible, la fiscal del caso, María Ángeles Sánchez Conde, solicitó la absolución de su superior jerárquico.

Alberto González Amador será juzgado próximamente por fraude fiscal por el caso que está en el origen de este juicio sin precedentes en la historia reciente de España.

K.Thomson--BTB