Berliner Tageblatt - Un alcalde opositor y un dirigente de fútbol son detenidos por supuesta corrupción en Ecuador

El popular alcalde de 41 años enfrenta otro proceso judicial que lo obliga a comandar la ciudad más poblada y violenta de Ecuador con un grillete electrónico en el pie.

Tras su detención, Álvarez fue trasladado a un complejo judicial en el norte de Quito.

En imágenes del operativo difundidas por la Fiscalía se observan bolsos con fajos de billetes, computadoras y celulares.

"Ni un centavo de los supuestos dineros en efectivo que han encontrado ha sido hallado en la casa del señor Aquiles Álvarez", declaró a la prensa su abogado, Ramiro García.

Agregó que se trata de un "claro gesto de persecución" y "un abuso de la justicia penal como mecanismo de persecución al rival político".

Según García, el caso tendría relación con otro proceso judicial que enfrenta Álvarez por presunto tráfico de combustible.

Además del alcalde fueron detenidos sus hermanos Xavier y Antonio Álvarez. Este último es el presidente de Barcelona, el equipo más popular del país y que el fin de semana disputó un partido amistoso con el Inter Miami del astro argentino Lionel Messi.

Sin referirse a la detención, el club informó en X que nombró un presidente sustituto para "garantizar la continuidad administrativa, operativa y deportiva" de Barcelona.

En el denominado caso Goleada, la Fiscalía investiga los presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y fraude tributario.

Simpatizantes de Álvarez, del partido opositor Revolución Ciudadana, se reunieron en las afueras del cuartel adonde en principio fue llevado.

En octubre, en una entrevista con la AFP, Álvarez reconoció que en su ciudad "se vive con tensión" y advirtió que con los procesos judiciales buscan inhabilitarlo para ser candidato en las elecciones de alcaldías de 2027.

En el momento del operativo Álvarez "no portaba el grillete electrónico, medida cautelar dispuesta dentro del caso" por supuesta comercialización ilegal de combustible, señaló la Fiscalía.

Las autoridades estiman que el perjuicio para el Estado por el caso que enloda a la familia Álvarez es de 61,5 millones de dólares.

M.Odermatt--BTB