Berliner Tageblatt - España no respetó los derechos de los migrantes en el drama de Melilla, según el Defensor del Pueblo

La muerte de los 23 migrantes derivó de una "situación de riesgo previsible", teniendo en cuenta el "desarrollo inicial de los acontecimientos", valoró el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en las primeras conclusiones hechas públicas de su investigación sobre la tragedia.

Las autoridades españolas, que rechazaron ese día el acceso a la frontera de "470 personas", no consideraron las "garantías legales nacionales e internacionales" que amparan a los migrantes, añadió Gabilondo.

Según él, la negación de entrada en el territorio español debe realizarse en llegadas "individualizadas" y "con pleno control judicial", algo que no ocurrió ese día, afirmó.

El Ministerio del Interior, sin embargo, rebatió su parecer. "Todos los rechazos en frontera que se produjeron el pasado 24 de junio en el perímetro fronterizo entre Melilla y Nador se realizaron dentro de la más estricta legalidad", indicó un portavoz en un mensaje enviado a la AFP.

El ministerio, que subrayó el carácter "provisional" del avance de la investigación publicado el viernes, reiteró su "firme respaldo" al trabajo realizado por las fuerzas de seguridad españolas, además de repetir "las condolencias a los familiares de las personas fallecidas".

El 24 de junio, casi de 2.000 migrantes originarios en su mayoría de Sudán, un país africano muy pobre y minado por los conflictos, trataron de ingresar a la fuerza en el enclave español de Melilla, en el norte de Marruecos.

Este intento masivo, precedido de violentos enfrentamientos entre migrantes y fuerzas marroquíes en los campamentos instalados en los alrededores de Nador, dejó 23 muertos, según las autoridades marroquíes, y 27, de acuerdo a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos.

La tragedia, la peor registrada en los numerosos intentos de entradas a las ciudades españoles de Ceuta y Melilla, únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África, suscitó intensas críticas de las asociaciones de defensa de los derechos humanos, así como de la ONU y de la Unión Africana.

Desde entonces, tres investigaciones tratan de esclarecer lo ocurrido: una en Marruecos, otra del Ministerio Público español y una última, fuera del ámbito judicial, realizada por el Defensor del Pueblo en España, a petición de las ONG.

Y.Bouchard--BTB