Berliner Tageblatt - El gobierno español solicitará que el catalán pueda usarse en el Parlamento Europeo

"El Gobierno de España solicitará a la presidencia del Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno y a efectos del ejercicio del derecho de petición ante la institución", indica uno de los acuerdos concluidos entre ambas partes.

La reunión de este miércoles, celebrada en Madrid y esta vez sin la presencia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el del gobierno regional catalán, Pere Aragonès, era la tercera desde que en febrero de 2020 arrancaron las conversaciones para encontrar una solución a la crisis desatada en Cataluña con el fallido intento de secesión de 2017.

Sánchez -cuyo gobierno minoritario recibe el apoyo del partido independentista moderado de Pere Aragonès en el Parlamento español-, consideró la reanudación del diálogo con los separatistas catalanes como una de sus prioridades a su llegada al gobierno en 2018.

Dentro de esta política, el gobierno español indultó el año pasado a los nueve independentistas condenados a prisión por su participación en el intento de secesión unilateral de esta dinámica región del noreste español.

Las posiciones de ambas administraciones son, sin embargo, radicalmente opuestas, ya que los separatistas exigen la celebración de un referéndum de autodeterminación que el gobierno central rechaza frontalmente.

La reciente desescalada de la tensión se vio, además, interrumpida hace unos meses tras el escándalo que destapó que los servicios de inteligencia españoles habían espiado a destacados independentistas.

Además de solicitar su uso en el Parlamento Europeo, Madrid se comprometió también a "reforzar la protección y el impulso del catalán en todos los ámbitos de la sociedad", así como a apoyar la autonomía de las escuelas de esta región de 7,7 millones de habitantes para adaptar su nivel de uso del catalán a su realidad social y lingüística.

El debate sobre el porcentaje de utilización del catalán y el castellano en la enseñanza se recrudeció en los últimos meses tras una decisión judicial que exigía un mínimo del 25% de las clases en español.

La oposición de derechas acusa regularmente al gobierno de Sánchez de hacer concesiones sobre esta cuestión a los independentistas, quienes buscan de su lado reactivar a unas bases ahora más desmovilizadas agitando la defensa de la lengua.

Los gobiernos central y regional se comprometieron también a "superar" la "judicialización de los últimos años", que contribuyó a "agudizar el conflicto político", según describen las partes en otra parte del acuerdo, pero sin especificar qué medidas adoptarán para lograrlo.

E.Schubert--BTB