Berliner Tageblatt - Gobierno de Panamá insiste en consulta popular sobre mina pese a rechazo de Tribunal Electoral

El presidente panameño, Laurentino Cortizo, envió al Congreso el proyecto de ley sobre la consulta popular, con la que busca desactivar las masivas protestas que sacuden al país desde hace diez días.

"Mediante este proyecto de ley tenemos la oportunidad de desplegar acciones que nos lleven a generar la paz social", dijo el ministro de Gobierno (interior), Roger Tejada, al presentar la iniciativa en el Congreso.

Horas antes, el Tribunal Electoral había rechazado organizar la consulta dado el ambiente convulso que vive el país y porque la Corte Suprema de Justicia debe resolver demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra la ley sobre el contrato minero.

De resolverse antes del 17 de diciembre, "harían innecesaria" la consulta, afirmó el presidente del Tribunal, Alfredo Juncá. "En estos momentos no hay condiciones" para organizarla", subrayó.

El presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Jaime Vargas, dijo que, a la espera de la consulta popular, propondrán un artículo dentro del proyecto presentado por el gobierno que suspenda los efectos del contrato.

Cortizo propuso el domingo la consulta popular para que los panameños decidan si se deroga el contrato con la compañía canadiense First Quantum Minerals, pero su mensaje no aplacó las protestas.

Los manifestantes volvieron a las calles la tarde del lunes y marcharon hacia el Congreso para exigir la derogación de inmediato de la ley que avala el contrato de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, situada en la costa del Caribe.

- "Propuesta absurda" -

La directora ejecutiva de la ONG Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Lilian Guevara, dijo a la AFP que "es muy lógico que el Tribunal rechazara la consulta, porque era una propuesta absurda".

"El Tribunal se encuentra en la antesala del proceso electoral [de los comicios generales de mayo de 2024], que es lo prioritario", añadió.

Además de la consulta popular, Cortizo había ofrecido el pasado viernes la prohibición por decreto de nuevas concesiones de minería metálica, pero mantuvo el contrato con la empresa canadiense, lo que encendió aún más las protestas.

Los manifestantes exigen una moratoria de la actividad minera por ley, no por decreto del gobierno de turno.

Ante ello, el gobierno también presentó ante el Congreso este lunes un proyecto de ley para prohibir la minería metálica.

El malestar popular estalló el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó la ley que permite a FQM operar por 40 años la mina a cielo abierto. Cortizo la promulgó en la noche de ese mismo día.

- "Una gran responsabilidad" -

La ley aprobada por el Congreso selló el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema -por un recurso presentado por CIAM- declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original porque se hizo sin licitación.

Un recurso de inconstitucionalidad del nuevo contrato fue presentado por un grupo de abogados y CIAM presentará otro en los próximos días, dijo Guevara.

"Este contrato, al igual que el anterior, violentó el proceso de contrataciones públicas y lo que indica la Constitución. Tenía que haber ido a una licitación pública internacional [...] para que el Estado panameño eligiera la mejor opción, la que tuviera menos impacto dañino para el país", afirmó Guevara.

El gobierno defiende el contrato argumentando que supondrá aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial.

"Es una gran responsabilidad decidir acabar con una inversión de más de 9.000 millones de dólares que va a afectar a más de 40.000 (empleados) panameños, vamos a tener demandas multimillonarias" en los tribunales internacionales, advirtió el ministro del Ambiente, Milciades Concepción.

La minera aporta el 4% del PIB de Panamá y exporta cada año unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre.

G.Schulte--BTB