Berliner Tageblatt - El gobierno de España anuncia nuevas medidas ante la crisis de la vivienda

Este paquete de 12 medidas responde a "tres objetivos prioritarios": tener "más vivienda", permitir "una mejor regulación" y ofrecer "mejores ayudas", aseguró Sánchez durante un foro económico.

Según Sánchez, en los años de boom inmobiliario se construían al año 600.000 viviendas, en momentos en que se formaban unos 400.000 hogares, mientras que ahora se fabrican unas 90.000 viviendas al año y se forman 300.000 nuevos hogares, por lo que la demanda es muy alta.

Sánchez --que atribuye la tendencia a medidas adoptadas por el Partido Popular, de derecha, tras la crisis de 2008-- insistió especialmente en el bajo número de vivienda social.

Hoy, "solamente tenemos 2,5% de vivienda pública (...) Estamos muy por detrás de otros Estados miembros" de la Unión Europea, como "Francia, que tiene un 14%, o los Países Bajos, que tienen un 34%", destacó.

Sánchez anunció la cesión a una nueva empresa pública de dos millones de metros cuadrados de terreno en los que se podrán construir "miles y miles y miles de viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible".

Para combatir la proliferación de apartamentos turísticos, acusados de encarecer los arriendos al limitar el número de viviendas disponibles para los residentes, Sánchez anunció también un aumento de los impuestos y un refuerzo de los controles.

"No es justo que quienes tienen tres, cuatro, cinco pisos en alquiler de corta duración paguen menos impuestos que los hoteles", consideró, prometiendo presentar ante el Parlamento una reforma para que estos propietarios paguen impuestos como lo hacen las empresas.

Para frenar el aumento de los alquileres, Sánchez ofreció una exención fiscal para los propietarios que acepten alquilar sus viviendas según el índice de referencia de alquiler establecido por las autoridades, incluso en zonas que no estén bajo tensión.

El Gobierno ya había aprobado en mayo de 2023 una ley de vivienda, que preveía un aumento de la construcción de viviendas sociales, controles de alquileres en zonas de alta demanda y sanciones a los propietarios que dejaran sus viviendas desocupadas.

Pero, la legislación no ha conseguido frenar el aumento de los arriendos, que subieron un 11% el año pasado, según el portal inmobiliario Idealista.

O.Krause--BTB