Berliner Tageblatt - El tabú en torno al aborto en Kenia expone a miles de mujeres a la muerte

El aborto es ilegal en Kenia, aunque está permitido cuando "la vida o la salud de la madre estén en peligro", excepción lo suficientemente amplia como para que cientos de clínicas privadas operen legalmente en todo el país de África oriental.

Sin embargo, el aborto sigue siendo un tema tabú en una sociedad profundamente conservadora en lo religioso, y el Gobierno se niega incluso a contabilizar cuántos procedimientos se realizan.

Por ello, causó conmoción el año pasado un estudio del Centro Africano de Investigación sobre Población y Salud (APHRC), con sede en Nairobi, que estimó que en 2023 se practicaron 793.000 abortos, a partir de datos de centros de salud y entrevistas con médicos y pacientes.

La escasez de datos dificulta las comparaciones, pero esa cifra situaría a Kenia entre los países con las tasas de aborto más elevadas del mundo, aproximadamente el doble de la tasa per cápita registrada en Reino Unido o Francia.

La combinación de una elevada demanda de abortos y el persistente estigma tiene consecuencias mortales. Según APHRC, más de 300.000 kenianas recurren cada año a abortos clandestinos o remedios peligrosos.

En 2023, el centro estimó que 2.600 mujeres murieron a causa de abortos inseguros, el equivalente a siete fallecimientos diarios.

El doctor Samson Mwita presencia a diario las graves secuelas en su clínica de Nairobi, donde atiende entre 60 y 90 casos relacionados con abortos cada mes.

"Recibimos pacientes con rotura de útero, desgarros cervicales, infecciones graves, anemia e incluso algunas que empiezan a desarrollar insuficiencia renal", explica.

- Batallas judiciales -

La confusión jurídica también provoca que médicos y enfermeros sean con frecuencia víctimas de extorsión por parte de la policía. AFP habló con cuatro profesionales sanitarios que aseguraron haber pagado sobornos para cerrar investigaciones relacionadas con abortos que, según ellos, eran legales.

Los tribunales tampoco aclaran definitivamente la situación. En 2019, una joven de 16 años y una profesional sanitaria fueron detenidas en la región costera de Kilifi después de que la adolescente buscara atención médica por graves complicaciones tras un aborto.

Tres años después, el Tribunal Superior anuló los cargos al considerar que el acceso al aborto era un derecho constitucional. Sin embargo, esa decisión fue revocada en apelación en abril de 2026 y ahora el caso será examinado por el Tribunal Supremo.

Un influyente movimiento contrario al aborto, encabezado por el Foro de Profesionales Cristianos de Kenia (KCPF), rechaza aceptar que el aborto esté tan extendido.

El aborto es "repugnante para la sensibilidad del africano común", afirma Charles Kanjama, expresidente del KCPF y actual presidente del Colegio de Abogados de Kenia.

Kanjama prefiere los datos de la Oficina Nacional de Estadística, que estiman apenas un aborto por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años, lo que equivaldría a unos 11.000 abortos anuales.

No obstante, la propia Oficina de Estadística reconoció ante la AFP que esa cifra probablemente está muy infravalorada, ya que se basa en entrevistas directas con mujeres, lo que genera "una alta probabilidad de infradeclaración", y califica la estimación de 793.000 abortos del APHRC como "más realista".

- No podemos esconder la cabeza -

El Ministerio de Salud de Kenia aprobó el estudio del APHRC, aunque evita pronunciarse públicamente sobre la cuestión.

Sus responsables ignoraron durante semanas las solicitudes de comentarios de la AFP, hasta que finalmente el director general del ministerio, Patrick Amoth, accedió a hablar durante menos de cinco minutos.

"Estamos elaborando directrices para la atención posterior al aborto con el fin de formar al personal sanitario", explicó, añadiendo que también se está invirtiendo en programas de planificación familiar para "reducir las posibilidades de embarazos no deseados que puedan conducir a abortos".

"No podemos simplemente esconder la cabeza bajo tierra", afirmó antes de interrumpir la conversación cuando se le pidieron más detalles.

"El Gobierno no quiere proporcionar información de forma transparente. Prefiere guardar silencio, no ofrecer estos servicios en los hospitales públicos y permitir que continúen la desinformación, la intimidación e incluso el acoso contra quienes prestan atención médica", denunció Martin Onyango, abogado de la Red de Salud Reproductiva de Kenia (RHNK).

Esta organización constituye un apoyo fundamental para el sector, ya que suministra material médico a zonas remotas y ofrece protección jurídica a los profesionales que practican abortos.

Sin embargo, la fuerte dependencia de Kenia de la ayuda sanitaria estadounidense dificulta cualquier reforma, ya que EEUU prohíbe financiar a entidades que proporcionen servicios de aborto.

"Nuestros dirigentes suelen seguir directamente las instrucciones del Gobierno estadounidense", afirmó Nelly Munyasia, directora ejecutiva de RHNK.

El doctor Mwita convive con esa realidad todos los días en su clínica de Nairobi. Recuerda la primera vez que recibió a una monja como paciente.

"Me dijo que el sacerdote estaba esperando en el coche y que él iba a pagar", relató, antes de señalar que desde entonces las monjas se convirtieron en "pacientes habituales", pese a la oposición de la Iglesia al aborto.

F.Müller--BTB