Berliner Tageblatt - Piden sanciones a jueces de EEUU que criticaron las redadas migratorias en medios

Se trata del más reciente choque entre el gobierno de Donald Trump y los jueces federales que en ocasiones han frustrado sus planes de deportación de millones de inmigrantes sin papeles.

El Departamento de Justicia anunció el miércoles que había presentado una denuncia por mala conducta judicial contra el juez Patrick Schiltz, presidente del tribunal de distrito federal de Minesota, y otros seis jueces ante una corte federal de apelaciones.

Los acusa de violaciones éticas por hablar públicamente sobre casos pendientes en los tribunales.

El periódico The New York Times publicó en septiembre un artículo en el que citaba a Schiltz, principal juez federal de Minesota durante una serie de cuestionadas redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a principios de año en Mineápolis, y a seis de sus colegas.

Schiltz ya había adquirido notoriedad en el punto álgido de esas redadas al afirmar públicamente que probablemente ICE había violado más órdenes judiciales en enero de 2026 que otras agencias federales en décadas de existencia.

El juez dijo al News York Times que el comportamiento de ICE había generado tal caos en su tribunal que "creó una grave amenaza al Estado de derecho". Señaló que creía que las violaciones de órdenes judiciales se debían principalmente a incompetencia y a la falta de personal.

Es inusual que un juez declare públicamente de esta manera, indicó el prestigioso periódico.

Schiltz y los otros seis jueces citados en el artículo se negaron a hablar de casos en curso, pero aceptaron abordar el altercado durante la operación de ICE bautizada "Metro Surge" y la tensión que generó entre el tribunal de Schiltz y el Departamento de Justicia, indicó el diario.

Durante la operación "Metro Surge", agentes de ICE dispararon y mataron a dos ciudadanos estadounidenses -Renee Good y Alex Pretti- que participaban en protestas contra las redadas migratorias, lo que desató indignación nacional y llevó al gobierno a poner fin a la operación.

El gobierno afirma que las redadas se saldaron con la detención de 4.000 personas que estaban en el país de forma irregular.

D.Schneider--BTB