Berliner Tageblatt - El Chocó Andino, campo de la batalla antiminera en la capital de Ecuador

En el bosque nublado de 286.805 hectáreas, en el que habitan especies en peligro de extinción como el oso de anteojos, hay al menos doce concesiones mineras en etapa de exploración.

Con el aval dado el año pasado por la Corte Constitucional, en la consulta -aún sin fecha- se preguntará a los pobladores del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) si están de acuerdo en prohibir la explotación de minerales a cualquier escala, incluyendo la artesanal.

La minería "es una actividad altamente impactante, extractiva, que no es compatible con ninguna de las actividades que desarrollan" los casi 20.000 habitantes de seis parroquias rurales del DMQ, dice a la AFP Inty Arcos, biólogo y coordinador de la mancomunidad del Chocó Andino.

Él vive en una de las reservas privadas que están regidas por este territorio y que se dedican especialmente al aviturismo.

Otros pobladores de la zona son agricultores, ganaderos y producen panela orgánica.

"Es incompatible que te vayas a ver una ampita, un colibrí, un gallo de la peña mientras el vecino al lado está volando dinamita, moviendo grandes camiones, grandes tractores", agrega Arcos tras guiar por la espesura a un grupo de periodistas.

Entre la población hay división, reconocen los ambientalistas.

Según la Cámara de Minería, que lleva un registro de grandes y medianos proyectos, una de las concesiones del área fue suspendida dejando sin trabajo a unas 60 familias.

- Sin protección -

En el Chocó Andino, a 90 minutos del centro de Quito, los colibríes revolotean tan cerca que los visitantes pueden escuchar el zumbido que produce su aleteo.

Por su riqueza biológica, la Unesco en 2018 declaró a esta zona una reserva de la biosfera, una categoría que comparte con el archipiélago de Galápagos en Ecuador.

Hogar de unas 600 especies de aves, 270 de mamíferos y 140 de anfibios, también ha sido reconocido por el municipio capitalino como una reserva natural para el oso de anteojos con un corredor de 60.000 hectáreas.

Sin embargo, ninguna declaratoria puede protegerlo de actividades mineras, por lo que el colectivo "Quito sin minería" hace varios años se lanzó a la tarea de recoger más de 200.000 firmas para pedir la consulta popular.

La legislación ecuatoriana solamente prohíbe actividades de explotación de recursos en las zonas integradas al sistema nacional de áreas protegidas.

"La Constitución establece claramente que los recursos del subsuelo le pertenecen al Estado central (...) que tiene que administrar los recursos", comenta a la AFP María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería.

Añade que "una consulta popular local no puede decidir el destino de esos recursos" que son del país.

Ecuador inició en 2019 la producción minera a gran escala como alternativa para reemplazar los millonarios recursos provenientes del petróleo.

Un estudio de la Cámara estima que los doce proyectos mineros más avanzados en la nación podrían generar 176.000 millones de dólares en exportaciones, 44.000 millones en impuestos y unos 21.000 millones de dólares en inversión extranjera en 30 años.

Silva admite que la Corte Constitucional tiene la última palabra, pero argumenta que "no podemos ser tan ciegos, ser tan soberbios, de desperdiciar una oportunidad así".

- Cruzadas por el ambiente -

Con árboles enormes y de hojas que bien podrían cubrir por completo a un adulto, el bosque del Chocó Andino es clave en la lucha contra el cambio climático, sostienen sus defensores.

"Son bosques sumamente importantes porque están en su estructura reteniendo el carbono y fijándolo en su crecimiento", explica Arcos.

Además ayudan a descontaminar a Quito, con tres millones de habitantes. "Los últimos ríos limpios que le quedan son los del Chocó Andino y ayudan a disolver la contaminación que se arroja al río Machángara y al río Guayllabamba, al Pita, al San Pedro", estratégicos para la evacuación de aguas residuales, señala el biólogo.

Esta no es la primera cruzada que lanzan ambientalistas en Ecuador contra la extracción minera y petrolera.

El colectivo "Yasunidos" tras una década de lucha consiguió que la Corte Constitucional diera luz verde a una consulta popular para dejar el crudo bajo tierra en un importante bloque dentro del amazónico Parque Nacional Yasuní.

Ese referendo se realizará el 20 de agosto, cuando también se celebrarán elecciones generales anticipadas tras la disolución del Congreso. El colectivo "Quito sin minería" espera que su propuesta también se resuelva en esa fecha.

O.Bulka--BTB