Berliner Tageblatt - Panamá difunde una auditoría que avala la explotación de una polémica mina de cobre

El yacimiento, ubicado en el Caribe, era operado por la canadiense First Quantum Minerals y su producción representaba 75% de las exportaciones y el 5% del PIB de Panamá.

Sin embargo, la concesión fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, tras semanas de protestas contra la minería que paralizaron gran parte del país.

El tribunal señaló que el acuerdo violaba normas ambientales y sobre licitación pública.

El gobierno ha expresado su interés en reabrir la mina para recuperar miles de empleos, pese a que en Panamá rige una moratoria minera.

Con ese fin, contrató una auditoría internacional que, según señala, avala la actividad minera.

"Los resultados de la auditoría evidencian el cumplimiento del proyecto con la mayor parte de los compromisos adquiridos", señaló el Ministerio de Ambiente en un comunicado en el que aclaró que el informe "no constituye una decisión sobre el futuro" de la mina.

Al presentar el reporte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, recordó que los vecinos del yacimiento se han expresado a favor de la reapertura para recuperar sus empleos.

"El argumento de sí a la mina o no a la mina es simplificar irresponsablemente una realidad que merece un análisis serio (...) y sobre todo despolitizado", sostuvo Moltó.

Organizaciones ambientalistas se han manifestado en las últimas semanas contra la reanudación de las operaciones extractivas.

La reapertura de la mina podría enfrentar escollos legales.

La compañía canadiense inició litigios internacionales para exigir 20.000 millones de dólares en compensación por el cierre, pero los suspendió temporalmente a la espera de una decisión final del gobierno.

Este viernes, tras la difusión de la auditoría, su subsidiaria Cobre Panamá dijo que confía en que el reporte sirva para "evaluar de manera responsable (...) el futuro del proyecto" considerando su impacto económico y ambiental.

Pero el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha dicho que la reapertura excluiría un contrato de concesión, y en cambio el Estado pasaría a ejercer la "propiedad legítima de esa tierra, de esos recursos minerales y del derecho a explotarlos como país" y "no a través de terceras personas".

K.Thomson--BTB