Berliner Tageblatt - Meloni se resigna a un presupuesto de rigor lejos de las promesas electorales en Italia

Según el propio gobierno, los márgenes de maniobra presupuestaria son extremadamente estrechos por falta de ingresos fiscales en un contexto de desaceleración económica.

Por consiguiente, existe el riesgo de que las previsiones de déficit público se revisen al alza.

"El despilfarro debe reducirse. Los pocos recursos con los que disponemos deben gastarse de la mejor manera posible", afirma Meloni, lejos de los discursos populistas que precedieron su toma de posesión en octubre de 2022.

Para llenar las arcas del Estado, la coalición de derecha y de extrema derecha recortaron el "ingreso de ciudadanía" destinado a los más pobres, instaurado un impuesto sobre los superbeneficios de los bancos y lanzando la idea de nuevas privatizaciones.

La caída inesperada del PIB a 0,4% en el segundo trimestre, la mala situación que atraviesa Alemania -su principal socio comercial- y el retraso de su plan de estímulo financiado por fondos europeos pesan mucho sobre las cuentas de Italia.

La promesa de extender a los asalariados el impuesto global del 15% concedido a los autónomos y artesanos que disponen de ingresos anuales hasta 85.000 euros (91.000 dólares) fue aplazado sin fecha, al igual que fin definitivo de la Ley Fornero de 2011 que fija la edad de jubilación en 67 años.

Un dispositivo temporal permite actualmente a los italianos jubilarse a los 62 años (con 41 años cotizados).

- Tensiones con Bruselas -

No obstante, el gobierno -que debe enviar el presupuesto a Bruselas a mediados de octubre-, debería informar sobre la reducción de la presión fiscal a los ingresos modestos, con un coste de unos 10.000 millones de euros (10.700 millones de dólares), e introducir medidas de apoyo para las familias numerosas.

El plazo fijado por el gobierno para cumplir sus promesas electorales es la duración de la legislatura de cinco años, es decir, 2027.

El viceprimer ministro Matteo Salvini espera incluso que la coalición "dure al menos diez años, para hacer todo lo que hay que hacer".

"Hasta la fecha, el gobierno de Meloni parece muy estable. A falta de una oposición unida y sólida, el gobierno podría llegar hasta el final de la legislatura", comentó a la AFP Valerio De Molli, presidente del círculo de reflexión The European House-Ambrosetti.

Italia difícilmente podrá evitar aumentar su objetivo de déficit público para 2023, actualmente fijado en 4,5% del PIB después del 8% en 2022.

Para 2024, con el cursor fijado en 3,7% del PIB, el objetivo también debería resultar ilusorio.

Un sistema de incentivos fiscales muy generoso, denominado "superbonus" y destinado a reducir el consumo de energía de las viviendas, corre el riesgo de hundir nuevamente las cuentas, como ocurrió en los tres últimos años.

El coste de este mecanismo, heredado del antiguo gobierno de Giuseppe Conte -que lo creó en 2020 para relanzar la economía-, "superará los 100.000 millones de euros (107.000 millones de dólares)", lamenta Meloni.

Una suma demasiado importante para un país cuya deuda pública alcanza más del 144% del PIB, es decir, el ratio más elevado de la Eurozona después de Grecia.

Roma apostó por la prolongación en 2024 de la suspensión del Pacto de Estabilidad (que limita el déficit de las administraciones públicas de los Estados miembros de la zona euro al 3% del PIB y la deuda pública al 60% del PIB) si no se llegaba a un acuerdo sobre su reforma antes de finales de año, pero el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, dio esperanzas el sábado, excluyendo este escenario.

M.Ouellet--BTB