Berliner Tageblatt - El ejército colombiano suspende a 10 militares por amenazar a mujeres y niños

"He tomado la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas", anunció el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército, en conferencia de prensa.

Según Ospina, en el grupo sancionado hay "mandos" que no podrán ejercer "ningún tipo de misiones de liderazgo operacional ni de inteligencia militar".

Los uniformados serán investigados por la justicia militar y también por la Fiscalía, anunció el general, sin precisar hasta cuándo estarán separados de sus funciones.

A inicios de semana, circuló en redes sociales y medios un video que muestra a un grupo de uniformados con el rostro cubierto apuntando sus fusiles contra niños, mujeres y otros pobladores de una zona rural, en un incidente que el gobierno calificó el miércoles como de "suma gravedad".

El hecho ocurrió en El Manso, un caserío del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba (norte).

El general Ospina reconoció que se trata de militares que "se alejaron de la política institucional, los postulados del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normas y el marco constitucional".

- "No es un caso aislado" -

El miércoles, un helicóptero que transportaba comisiones investigadoras de la Fiscalía y la Justicia Penal Militar recibió un disparo cuando se acercaba a la zona y debió aterrizar de emergencia en una base militar.

"Ese sector donde fue impactado es un corredor del narcotráfico (...), por inteligencia técnica se pudo establecer que (la banda narco) Clan del Golfo se adjudica el hecho", detalló Ospina.

El Clan -autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia- se formó a partir de remanentes de estas organizaciones.

El presidente izquierdista Gustavo Petro comparó el comportamiento de los militares con incidentes que ocurrieron durante el auge del paramilitarismo, los escuadrones de derecha que aliados con algunos miembros del ejército sembraron terror en su lucha contra las guerrillas, antes de su desarme en 2006.

"No es un caso aislado", dijo Petro el jueves durante un acto oficial con dirigentes sindicalistas.

"¿Qué buscaban quienes dieron la orden? No era un mensaje a los pobladores humildes de El Manso. Era para la sociedad, para decirles: 'Este Gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos. (...) Los que dieron la orden quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares".

La Defensoría del Pueblo, órgano estatal que vela por los derechos humanos, pidió a "las autoridades esclarecer violaciones a los derechos humanos" en Tierralta, entre ellos un presunto "hecho de abuso sexual cometido contra una mujer indígena".

Entre 2002 y 2008, miembros de la fuerza pública asesinaron a más de 6.400 civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate en una práctica macabra conocida como "falsos positivos", según el tribunal que investiga los peores crímenes de la guerra.

"Ningún soldado se debe prestar otra vez a fusilar jovencitos y a matar campesinos", sentenció Petro.

F.Müller--BTB