Berliner Tageblatt - El Congreso de Guatemala quita la inmunidad a cuatro magistrados electorales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Arévalo están en la mira de la Fiscalía desde los comicios, y el presidente electo denuncia que se trata de un intento de impedir que asuma el poder el 14 de enero debido a su promesa de combatir la corrupción que aqueja al país.

La decisión de quitarles el fuero a los cuatro magistrados fue aprobada por 108 votos y 26 en contra por el Congreso, dominado por el oficialismo, al acoger una recomendación de una comisión perquisidora. Se necesitaban 107 votos.

"Habiendo mayoría, queda aprobado declarar con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio" (desafuero) contra los magistrados, anunció en el plenario un asistente del Congreso.

Los magistrados que quedaron sujetos a una investigación penal son la expresidente del TSE, Irma Palencia, y sus colegas Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco.

La Fiscalía, cuyas maniobras han sido criticadas por la comunidad internacional, pidió quitar la inmunidad a los magistrados por la supuesta compra a sobreprecio de un sistema informático. También ha allanado varias veces las oficinas del TSE.

El 27 de septiembre, la Fiscalía presentó estos pedidos de desafuero, afirmando que el TSE adquirió a sobreprecio un sistema informático de transmisión de resultados electorales. El 7 de noviembre la Corte Suprema avaló este pedido.

Para la directora de la organización ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, el levantamiento de la inmunidad no debe afectar el resultado de los comicios ni la toma de posesión de Arévalo.

"Lo que se está cuestionando es si hubo actos de corrupción y otras anomalías en la compra del software, nada más, no se está cuestionando el resultado electoral", explicó Ibarra a la AFP

Otros cuatro magistrados del TSE están investigados en el mismo caso, pero fueron beneficiados con un amparo provisional ordenado por la Corte de Constitucionalidad.

La Fiscalía también pidió este mes quitar la inmunidad a Arévalo y a la vicepresidenta electa Karin Herrera -que tienen por su condición de electos-, lo que ha elevado la incertidumbre a semanas de que deban asumir sus cargos.

Este pedido debe ser avalado por la Corte Suprema antes de que sea debatido en el Congreso.

La Fiscalía quiere llevar a juicio a Arévalo y Herrera por haber apoyado la toma de una universidad estatal en 2022. Además, consiguió inhabilitar al partido Semilla, del presidente electo, por supuestas irregularidades en la inscripción de afiliados en 2017.

Arévalo ha denunciado que la Fiscalía orquesta un "golpe de Estado" para impedir que asuma el poder.

E.Schubert--BTB