Berliner Tageblatt - Expertos de la ONU critican leyes sobre el franquismo de la derecha y la extrema derecha en España

Los expertos cargaron contra normas de "concordia" que han sido aprobadas o son debatidas en las regiones de Aragón, Valencia y Castilla y León, "que podrían afectar a la obligación del Estado Español (...) en materia de derechos humanos", según un documento fechado el 30 de abril al que tuvo acceso la AFP este viernes.

En esas tres regiones gobierna la derecha en coalición con la extrema derecha, críticas con la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 por el Parlamento español a instancias del gobierno de izquierda para resarcir a las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y de la dictadura del vencedor de esa contienda, Francisco Franco, que se prolongó hasta 1975.

Las normas fomentadas en Aragón, Valencia y Castilla y León "pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista", advirtió el escrito de los expertos.

Los relatores especiales para la verdad, justicia y reparación y sobre ejecuciones extrajudiciales y la relatora sobre desapariciones forzadas censuraron que las iniciativas incluso "omiten nombrar o condenar dicho régimen".

Asimismo, "pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas", al tiempo que "obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos de memoria histórica" de organizaciones civiles.

Los relatores instaron al gobierno español "a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar los estándares internacionales" en materia de memoria histórica.

El gobierno del socialista Pedro Sánchez, que había solicitado la opinión de la ONU, se congratuló este viernes por la crítica "demoledora y contundente" a las iniciativas regionales, señaló en rueda de prensa el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El gobierno recurrirá las normas ante el Tribunal Constitucional si las regiones no rectifican, dijo Torres.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, reprochó que los expertos de la ONU no hayan consultado la opinión del ejecutivo regional, y afirmó que, probablemente "influenciados" por el gobierno de España, cometieron "errores de bulto" en su escrito.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, aplaudió la valoración de los relatores contra "las leyes de falsa concordia".

La Ley de Memoria Democrática, una legislación insignia del gobierno del socialista Pedro Sánchez, estableció por primera vez la búsqueda y exhumación de víctimas como "responsabilidad del Estado".

Hasta entonces, la búsqueda corría a cargo principalmente de asociaciones y de las regiones, algo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU criticó en 2014, lamentando "la indiferencia" de las instituciones estatales.

La derecha y extrema derecha rechazaron la ley alegando que reaviva las heridas del pasado.

J.Bergmann--BTB