Berliner Tageblatt - Los diputados mexicanos amplían la lista de delitos con prisión preventiva

Con 335 votos a favor y 108 en contra, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó la medida para incluir la extorsión, el contrabando y el tráfico de fentanilo.

Originalmente el dictamen incluía también el narcomenudeo y la defraudación fiscal, pero los diputados los retiraron a última hora.

El Senado ahora debe discutir dicha reforma y, dado el caso, aprobarla.

La prisión preventiva de oficio o automática permite actualmente encarcelar sin juicio o sentencia a personas acusadas por delitos como el feminicidio, delincuencia organizada, secuestro y la trata de personas.

Por ello, los acusados permanecen en prisión mientras la fiscalía realiza las investigaciones.

Durante el debate, la oposición acusó que la prisión preventiva de oficio no ha disminuido los índices delictivos en el país.

"La reforma va en contra de todo lo establecido en la legislación internacional en materia de derechos humanos. Estamos en contra porque es una herramienta para meter a la cárcel a inocentes", dijo la diputada del opositor PAN (derecha) Annia Sarahí Gómez.

En contraste, el legislador del oficialista Morena, Leonel Godoy, dijo que esta figura es una necesidad de la coyuntura que ha logrado disminuir los índices delictivos.

La prisión preventiva de oficio fue incorporada por primera vez a la Constitución mexicana en 2008, y en 2019 fue reforzada para añadir otros crímenes como los delitos electorales y el robo de hidrocarburos.

Varias organizaciones de derechos humanos afirman que en México se ha abusado por años de la prisión preventiva de oficio, lo que ha provocado que la gente permanezca años en la cárcel sin una sentencia.

"El abuso de la prisión preventiva genera daños sociales y económicos y, desproporcionalmente, afecta a las personas con mayor vulnerabilidad", señaló la oenegé México Evalúa.

Aunque la Constitución mexicana establece que la prisión preventiva tiene un límite de dos años, cientos de personas están en las cárceles mexicanas esperando una sentencia.

En abril del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes fueron detenidos en 2002 y pasaron 17 años en prisión preventiva.

En 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU exhortó a México a anular la prisión preventiva de oficio al argumentar que "ha llevado a múltiples violaciones de derechos humanos".

"Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal", dijo Miriam Estrada Castillo, presidenta relatora de ese Grupo de Trabajo.

Hasta 2023, en México el 43% de la población privada de la libertad estaba bajo la figura de la prisión preventiva de oficio, según datos del instituto de estadísticas, INEGI.

O.Bulka--BTB