Berliner Tageblatt - Un proyecto de ley de Misuri que recompensa por delatar a migrantes genera polémica

Según la propuesta de ley de David Gregory, un senador conservador de San Luis, si "un extranjero ilegal" entra "a sabiendas" en Misuri y es detenido por "un cazarrecompensas con licencia" o un agente cuando se encuentra en este estado del centroeste podría ser declarado culpable de allanamiento de propiedad.

La persona arrestada se expondría a una pena de cárcel.

Además, permitiría al Departamento de Seguridad Pública desarrollar "un sistema de información para que las personas denuncien" cuando se viole la ley de allanamiento de morada.

"Esto incluiría una línea telefónica gratuita, un correo electrónico y un portal de denuncia en línea", añade el texto conocido como SB72.

"Cualquier persona que haga una denuncia en la que se detenga a un extranjero ilegal recibirá una recompensa de 1.000 dólares", detalla el proyecto de ley, que se debatirá en el nuevo ciclo de sesiones que arranca en enero.

De ser aprobado, facultaría al Departamento de Seguridad Pública a potenciar un "programa de cazadores de recompensas certificados para extranjeros ilegales de Misuri".

El objetivo es "encontrar y detener a extranjeros ilegales en este estado" pero solo pueden participar en el programa aquellas personas "con licencia" de agente de fianzas o de garantías (hacen valer los derechos cuando el deudor incumple los términos del acuerdo).

El proyecto de ley hecho público la semana pasada ha generado polémica.

Algunos lo acusan de llevar al extremo la retórica antimigrante del presidente electo Donald Trump, quien amenaza con la mayor operación de deportación de migrantes en situación irregular de la historia de Estados Unidos.

- "Protegerse" -

El senador estatal se defiende.

"El proyecto de ley 72 facultará por fin a nuestra policía y a nuestras comunidades a protegerse", afirma en un video en las redes sociales.

"Si usted envía una denuncia anónima que conduzca a la detención de un inmigrante ilegal, será recompensado con 1.000 dólares", añade.

Esta iniciativa recuerda a otras leyes drásticas contra los migrantes en situación irregular.

Texas aprobó una ley que permite detener e incluso expulsar a migrantes que hayan cruzado ilegalmente la frontera desde México, pero la Corte Suprema de Estados Unidos ha suspendido temporalmente su entrada en vigor.

Hace más de una década Arizona dio el visto bueno a una ley que criminaliza a los migrantes, pero la justicia suspendió sus disposiciones más polémicas. Sus detractores la conocen como la Ley del odio y estiman que fomenta la discriminación por perfil racial.

Trump se propone invocar la Ley de enemigos extranjeros para deportar migrantes cuando asuma el cargo el próximo 20 de enero.

Según un análisis del centro de reflexión Brennan Center for Justice, "es una autoridad excesivamente amplia que puede violar los derechos constitucionales en tiempos de guerra y está sujeta a abusos en tiempos de paz".

Trump califica de "invasión" la entrada de migrantes sin visa en territorio estadounidense y los acusa de envenenar "la sangre" e "infectar" Estados Unidos.

Los defensores de los migrantes resaltan su contribución a la economía y la riqueza cultural del país.

Muchos economistas han advertido del costo exorbitante de una deportación masiva y su impacto en la economía estadounidense, que ya sufre una escasez de mano de obra.

Un estudio publicado en octubre por la oenegé American Immigration Council evalúa el costo global en 88.000 millones de dólares por año, es decir, 967.900 millones en más de una década.

F.Pavlenko--BTB