Berliner Tageblatt - El tribunal de paz de Colombia sentencia a los primeros exmilitares por el asesinato de civiles

Incluidos dos coroneles, los exuniformados deberán realizar labores restaurativas para los familiares de las víctimas durante ocho años, de acuerdo con el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nacida del pacto de paz con la guerrilla FARC en 2016.

Los exmilitares reconocieron su responsabilidad en 135 homicidios y desapariciones forzadas entre 2002 y 2005 en la costa Caribe del país, en un crimen conocido como "falsos positivos".

"Ningún colombiano debió haber fallecido como resultado de un entramado criminal encargado de seleccionar, asesinar y desaparecer a personas inocentes (...) con el único fin de convertirlas en cifras", dijo el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, durante el acto de presentación de la sentencia en Bogotá.

Como parte de sus sanciones, los exmilitares deberán apoyar a la construcción de memoriales y centros comunitarios en localidades indígenas del Caribe. Su movilidad será restringida a los sitios donde se lleven a cabo los trabajos de reparación.

Miles de jóvenes, en su mayoría pobres y desempleados, fueron asesinados de manera sistemática en medio de la ofensiva militar contra organizaciones ilegales como las FARC.

Con esos crímenes se buscaba inflar las cifras de éxitos militares y a cambio los implicados recibían beneficios como días de descanso o condecoraciones.

"Hay algo satisfactorio, si ellos hubieran sido condenados por la justicia ordinaria yo nunca hubiera sabido qué pasó con mi hijo, ni que pidió hablar conmigo antes de que lo mataran", dijo a la AFP Blanca Monroy, madre de Julián, asesinado a los 19 años y a quien quisieron hacer pasar como extorsionista de ganaderos en una región fronteriza con Venezuela.

- Alianza con paramilitares -

Según la JEP, los principales responsables son miembros de las fuerzas militares en ocasiones en alianza con otros grupos armados o civiles.

La sentencia puede ser apelada y se tendrá en cuenta los años que algunos de ellos pasaron en la cárcel para la posible reducción de sus penas.

El tribunal documentó al menos 6.402 casos de "falsos positivos" entre 2002 y 2008, durante la presidencia del derechista Álvaro Uribe, popular por su mano dura contra la insurgencia. El exmandatario, crítico del acuerdo de paz, niega que estos asesinatos selectivos fueran una política de gobierno.

Varios de sus excomandantes han comparecido ante la JEP.

Los casos más representativos de estos asesinatos fueron registrados en el Caribe colombiano y en la frontera con Venezuela, adonde llevaban a los jóvenes en camiones mediante engaños para asesinarlos con tiros de gracia y luego enterrarlos en fosas comunes.

En algunas ocasiones los presentaban ante la prensa vestidos como guerrilleros.

Las labores de sus madres desesperadas por encontrarlos destapó el peor escándalo que han enfrentado las fuerzas militares.

- ¿Sentencias blandas? -

Los sentenciados pertenecían a un batallón ubicado en Valledupar. La JEP recibió testimonios de paramilitares en los que detallan cómo se aliaron con militares en esta zona para asesinar a los jóvenes.

En algunos casos, eran vecinos del batallón, y en otros "fueron (personas) traídas desde otras regiones mediante falsas promesas de trabajo", dijo la magistrada Ana Manuela Ochoa, a cargo del caso.

En un intento por pasar la página del conflicto y esclarecer la verdad, las FARC y el entonces presidente Juan Manuel Santos acordaron que otros actores diferentes a la guerrilla podrían acogerse al tribunal de paz.

Uno de los más altos rangos investigados es el general en retiro Mario Montoya, excomandante de las fuerzas armadas muy cercano al expresidente Uribe. Montoya no aceptó su responsabilidad en los falsos positivos, requisito para acogerse a la JEP, y podría ir a la cárcel.

Uribe tiene una condena en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por sobornar a paramilitares y es investigado por otros delitos como los falsos positivos.

Sectores de la derecha colombiana que se opuso al acuerdo de paz y algunas víctimas de secuestro como la dirigente política colombo-francesa Íngrid Betacourt consideran blandas las sanciones contra los exguerrilleros.

De su lado, organizaciones como Human Rights Watch cuestionan que la sentencia hable de restricciones a la movilidad de los condenados sin establecer un perímetro claro como lo determina el acuerdo.

"Es absolutamente entendible que haya víctimas inconformes" porque "son crímenes que es imposible reparar", dijo el magistrado Camilo Suárez a la AFP el miércoles.

L.Janezki--BTB