Berliner Tageblatt - El abogado de Duterte dice ante la CPI que no hay relación entre sus discursos y asesinatos en Filipinas

En el tercer día de audiencias de "confirmación de las acusaciones" que determinarán si Duterte, de 80 años, será juzgado por presuntos crímenes contra la humanidad cometidos en el marco de su "guerra contra la droga", su abogado Nicholas Kaufman declaró que los fiscales no lograron probar que su cliente ordenó directamente esos asesinatos.

"No hay prueba irrefutable en este caso", declaró Kaufman ante tres jueces de la CPI. "Ningún testigo relacionado con los 49 incidentes de los que Rodrigo Duterte es acusado dará testimonio de que recibió la orden directa del expresidente de matar a alguien", agregó el abogado.

Las audiencias se desarrollan sin la presencia del exmandatario, quien renunció a su derecho a comparecer. Duterte fue detenido en Manila en marzo del año pasado y trasladado a La Haya.

Desde entonces permanece recluido en la unidad de detención de la CPI en la prisión de Scheveningen. Durante las audiencias esta semana, los fiscales afirmaron que Duterte desempeñó un papel central en una campaña de ejecuciones extrajudiciales que habría causado miles de muertos, según organizaciones de derechos humanos.

Duterte habría elaborado personalmente listas de personas a matar, incitó a cometer asesinatos, y luego se habría jactado por ello, según los procuradores que presentaron a los jueces varios videos.

El expresidente enfrenta tres cargos de crímenes de lesa humanidad. Los fiscales le acusan de estar implicado en al menos 76 muertes entre 2013 y 2018.

Kaufman respondió que la acusación seleccionó los discursos e ignoró, según él, decenas de ejemplos en los que Duterte subrayó la necesidad de actuar en el marco de la ley.

El abogado citó un discurso del exjefe de Estado donde ordena que "no maten si ustedes no están en riesgo de perder la vida".

Kaufman subrayó que la defensa no falta al respeto "al alma de las personas muertas y no resta importancia a la pérdida de vidas humanas".

Un abogado que representa a las víctimas declaró el martes a la CPI que la Corte es el "último recurso" para los familiares en su búsqueda de justicia.

Tras cuatro días de audiencias, los jueces de la CPI, con sede en La Haya, tendrán 60 días para decidir si abren un proceso.

H.Seidel--BTB