Berliner Tageblatt - Un juicio masivo avanza en El Salvador con testimonios contra 22 líderes de la Mara Salvatrucha

Un total de 486 miembros de la MS-13 son juzgados desde el lunes acusados de miles de asesinatos, entre ellos los de 87 personas en marzo de 2022.

A raíz de ello, el presidente Nayib Bukele declaró una "guerra" contras las pandillas.

El fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, dijo en un video en X que este martes se presentó la "prueba testimonial" con la comparecencia de "algunos testigos que son protegidos" y otras 13 declaraciones anticipadas.

Muñoz explicó que el objetivo es "ilustrar" al tribunal que la pandilla actuó como un "corporativo criminal", dirigido por 22 "ranfleros (máximos cabecillas) históricos" a quienes "se le van a atribuir" más de 9.000 "hechos criminales".

En el juicio virtual comparecen 413 acusados y otros 73 son juzgados en ausencia, según la institución.

Entre los "ranfleros" procesados, Muñoz mencionó a Élmer Canales Rivera, el "Crook de Hollywood", que según el diario digital El Faro fue excarcelado por Bukele en un "pacto" que tenía con las maras antes de hacerles la guerra.

Atrapado luego en México, espera juicio en Nueva York.

En el juicio masivo, el primero contra una estructura de mando de las pandillas según la Fiscalía, el grupo está acusado de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022.

"Esta estructura mataba bajo la figura de 'válvulas abiertas', es decir, (...) era una autorización por parte de la 'ranfla' para poder matar", agregó Muñoz.

Más de 250 de los imputados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad.

Medios de comunicación, incluida la AFP, tuvieron acceso este martes a la sala de audiencias donde se observa a los imputados por medio de pantallas.

En el marco de su ofensiva antipandillas, Bukele impuso en marzo de 2022 un régimen de excepción que ha dejado más de 91.000 detenidos sin orden judicial, por lo que es criticado por organismos de derechos humanos que denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión.

C.Kovalenko--BTB