Berliner Tageblatt - Gran operación en España contra la extracción ilegal de agua

En total, hubo "133 personas detenidas e investigadas por la extracción de agua mediante el uso de más de 1.533 infraestructuras ilegales”, informó en un comunicado la brigada de delitos medioambientales de la Guardia Civil sobre esta operación bautizada Mizu II y desarrollada en 2021.

Una anterior operación similar lanzada en 2019 acabó con 107 personas detenidas o investigadas.

España, al igual que otros países del Mediterráneo, es uno de los países europeos más expuestos al riesgo de sequía debido al calentamiento global, según los científicos.

El uso de los recursos hídricos es regularmente objeto de intensas tensiones políticas, sobre todo entre regiones, al ser la agricultura intensiva uno de los pilares de la economía del país.

Según la Guardia Civil, "gran parte de la operación se ha desarrollada en zonas especialmente sensibles y vulnerables como pueden ser el Parque Nacional de Doñana", en Andalucía (sur) -uno de los mayores humedales de Europa y santuario de aves Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO-, así como en "las cuencas de los principales ríos de España".

En Doñana, 14 personas y 12 empresas están en el punto de mira de la Guardia Civil por captar ilegalmente agua para riego, según una portavoz del cuerpo policial.

Los ecologistas denuncian recurrentemente el secado de marismas y lagunas en la zona y apuntan como responsables a los cultivos cercanos, sobre todo de fresas, regados por pozos excavados ilegalmente.

"La sobreexplotación de algunos acuíferos en base a múltiples intereses, principalmente económicos, constituye una amenaza grave para nuestro medio ambiente", afirmó la Guardia Civil.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea amonestó a España en junio de 2021 por su inacción ante la extracción ilegal de agua en el entorno del Parque de Doñana, que alberga más de 100.000 hectáreas con más de 4.000 especies, entre ellas el lince ibérico, en grave peligro de extinción.

La última estimación oficial del Gobierno español, que data de 2006, era que había cerca de medio millón de pozos ilegales en el país, pero la ONG Greenpeace estimó en un informe publicado en 2018 que había el doble y que podían representar el consumo de agua de 118 millones de personas, más del doble de la población de España.

La ONG española SEO/Birdlife dio la voz de alarma el miércoles sobre el "preocupante" estado de los humedales españoles.

N.Fournier--BTB