Berliner Tageblatt - Justicia de EEUU ordena a Greenpeace pagar USD 345 millones a operador de oleoducto

Esta decisión supone un duro golpe para la organización medioambiental, que denunciaba la intención de la empresa Energy Transfer de "hacerla callar" llevándola a la ruina.

El conglomerado energético acusó a Greenpeace de orquestar actos de violencia y difamación durante la controvertida construcción del oleoducto Dakota Access hace casi una década.

Un jurado se puso de su lado el año pasado y condenó a pagar más de 660 millones de dólares en daños y perjuicios a tres entidades de Greenpeace, basándose en cargos que incluían allanamiento, molestias, conspiración y privación de acceso a la propiedad.

Esa suma récord fue reducida este viernes a casi a la mitad por el juez James Gion, de Dakota del Norte, quien consideró que algunos daños se habían contado dos veces.

- "Sentencia devastadora" -

La tribu indígena Sioux de Standing Rock (Dakota del Norte) y grupos ecologistas, entre ellos Greenpeace, a los que se unieron en varias ocasiones miles de manifestantes, intentaron en vano impedir la construcción de un tramo del oleoducto.

Según los Sioux, el proyecto debía atravesar lugares sagrados y amenazaba sus fuentes de agua potable.

Las manifestaciones terminaron en cientos de detenciones y heridos.

En la contraparte, Energy Transfer reclamó en un principio a Greenpeace 300 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios.

Pero, durante el juicio, el monto se multiplicó con el fin de "disuadir a Greenpeace y a otras organizaciones de actuar de la misma manera en el futuro", según uno de los abogados de Energy Transfer, Trey Cox, citado por el periódico North Dakota Monitor.

Contactada por la AFP, Energy Transfer no reaccionó de inmediato.

"Esta batalla legal está lejos de terminar", afirmó Kristin Casper, asesora jurídica general de Greenpeace Internacional, en una declaración a la AFP sobre el fallo.

"Solicitaremos un nuevo juicio y, de no conseguirlo, apelaremos el fallo ante la Corte Suprema de Dakota del Norte, donde Greenpeace Internacional y las entidades de Greenpeace en Estados Unidos tienen sólidos argumentos para lograr la desestimación de todas las demandas legales en nuestra contra", agregó Casper.

Marco Simons, otro funcionario jurídico de Greenpeace, dijo: "Denunciar a las corporaciones que causan daños al medio ambiente nunca debería considerarse ilegal".

En palabras de Michael Gerrard, profesor de derecho en la Universidad de Columbia y especialista en litigios climáticos, explicó a la AFP que esta "es una sentencia devastadora no solo para Greenpeace, sino también para el movimiento ambiental mundial".

J.Horn--BTB