Berliner Tageblatt - La angustia se apodera de las familias por el traslado de los presos que se amotinaron en Venezuela

La revuelta estalló en un centro para presos comunes del estado de Barinas. Cientos treparon hasta el techo de la prisión y colgaron pancartas con mensajes como "SOS" y "No más tortura", según observaron periodistas de la AFP.

Varios de ellos con el rostro cubierto incendiaron colchones y sábanas.

Durán, de 48 años y esposa de un hombre preso hace cuatro años, dijo a la AFP que la razón que detonó la protesta es que los reos "fueron torturados, golpeados".

Las prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por condiciones de hacinamiento, conflictos violentos entre la población carcelaria y los custodios, y el control que ejercen grupos delictivos.

Esta cárcel de Barinas tiene una población de 1.200 hombres y poco más de 100 mujeres, aunque su capacidad es sólo para 450 personas, según la oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Ansiosos, decenas de familiares permanecieron todo el día en las inmediaciones de la cárcel, mientras veían a varios autobuses salir del penal para reubicar a los reclusos en otras prisiones.

"Queremos un listado de nuestros familiares" trasladados, demandaban a uno de los mandos militares en el lugar, ante la falta de claridad en el proceso.

El militar dijo que los presos decidieron voluntariamente si querían o no ser llevados a otra prisión.

Las autoridades no han ofrecido un balance sobre el motín ni confirmado si ya retomaron el control del penal.

- "Era el diablo" -

El director de la cárcel, Elvis Macuare Guerrero, fue destituido tras la rebelión de los reclusos, confirmó un funcionario a la AFP.

La oenegé indicó que desde que Macuare asumió el cargo hace una semana, los reos fueron objeto de "golpizas y torturas".

Además de que "presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas", añadió la organización.

"Ese hombre era el diablo", dijo bajo anonimato una mujer que espera noticias de un familiar.

El penal "había sido tranquilo", pero "cambió cuando llegó el director", contó Carla Rivas, de 36 años y quien espera noticias de su hermano recluido en esta cárcel. "Ellos lo golpearon, no sabemos cómo está", lamenta.

Militares y policías custodiaron la mañana del lunes el penal ubicado en la tierra natal del fallecido presidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas.

Temprano, 112 mujeres fueron trasladadas a otro centro penitenciario, informó el OVP. Más tarde partieron otros tres autobuses con reclusos a bordo.

"¿Adónde van?", gritaban familiares apiñados en una entrada. "¡Al Rodeo!", respondían los presos.

El centro de reclusión El Rodeo, a las afueras de la capital, es conocido por albergar presos por razones políticas en uno de sus pabellones, incluidos extranjeros.

"Aquí estamos todas las madres sin saber para dónde mandan a nuestros familiares", se queja María Cristina Villamizar, de 66 años. "No le sigan violando sus derechos humanos, tengan compasión de ellos", pide.

El observatorio dijo en X que estos traslados "terminan incrementando el hacinamiento crítico que ya existe en los penales, generan separación familiar, aumentan el retardo procesal".

- Nueva investigación -

La Fiscalía anunció más temprano en un comunicado que abrió una investigación sobre la "situación de protesta".

Al mismo tiempo la Defensoría del Pueblo envió una comisión para verificar "la integridad física" de los reclusos y "escuchar sus demandas", indicó un comunicado del ombudsman.

Las autoridades prometieron a familiares instalar una "mesa técnica" para mediar, según el OVP.

Hace un mes se registró un motín en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas, que dejó cinco prisioneros muertos, según las autoridades.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la caída de Maduro en enero, prometió una reforma al sistema de justicia.

Rodríguez impulsó además una ley de amnistía para excarcelar a cientos de presos políticos, que expertos han criticado por considerarla insuficiente.

M.Furrer--BTB