Berliner Tageblatt - Los puntos clave de las elecciones generales anticipadas en España

Estos son los puntos clave de estas elecciones originalmente pautadas para mediados de 2027 y que adelantó Sánchez, en el poder desde 2018.

- La crisis de la vivienda -

Aficionado a las jugadas políticas arriesgadas, el dirigente socialista de 54 años anunció sorpresivamente el adelanto electoral después de que el Congreso rechazara un paquete de medidas destinado a atajar la crisis de la vivienda.

Los decretos eran la respuesta del gobierno a la ola de protestas desatada tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue expulsada del apartamento de Madrid en el que había vivido durante siete décadas, después de que la empresa propietaria intentara elevar fuertemente su alquiler.

Las protestas incluyeron acampadas en la Puerta del Sol, en el corazón de Madrid, y movilizaciones en varias ciudades del país.

Como otros países europeos, España afronta un fuerte encarecimiento de los alquileres y de la compra de vivienda, un fenómeno que colectivos sociales atribuyen, entre otros factores, a la escasez de oferta asequible, la expansión de los alquileres turísticos y la actividad de grandes inversores inmobiliarios.

El salario medio en España es de unos 2.110 euros brutos mensuales, mientras que el precio medio del metro cuadrado de alquiler alcanzó los 15,1 euros/m2 en agosto.

Sánchez, que pretende volver a llevar medidas de vivienda al Parlamento, busca capitalizar el malestar social por este problema. Al anunciar los comicios, pidió un nuevo mandato para "resolver" problemas como, precisamente, el "acceso a la vivienda".

- El drama migratorio en Ceuta -

La campaña arranca además con la crisis migratoria de Ceuta aún sin resolver. Desde la entrada masiva de decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio, centenares de personas continúan en campamentos improvisados, alimentando la tensión en este enclave norafricano español de unos 80.000 habitantes.

El rey de España, Felipe VI, tiene previsto ir a Ceuta el 13 de octubre, la primera vez desde su proclamación en 2014. El viaje tiene una dimensión diplomática sensible porque Marruecos reivindica la soberanía de Ceuta y Melilla, el otro enclave español norafricano que también visitará el monarca.

Sánchez, quien a contracorriente de otros países europeos mantiene un discurso de apertura hacia la inmigración, ha recibido muchas críticas por su manejo de esta crisis. Un manejo que, según analistas, beneficia a la extrema derecha, que con su duro discurso antimigratorio ha calificado de "invasión" lo ocurrido en Ceuta.

- El peso de la extrema derecha -

Las encuestas sitúan al Partido Popular (PP, derecha), principal formación de la oposición, por delante de los socialistas, aunque sin mayoría absoluta.

En ese escenario, la extrema derecha de Vox, actual tercera fuerza política y en ascenso según los sondeos, podría convertirse en árbitro de la gobernabilidad.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirma que desea "gobernar en solitario", pero dice que no va a "demonizar" a Vox, dejando abierta la puerta a negociar con ellos. Ambos partidos dirigen juntos varias regiones.

Sánchez suele contraponer su gobierno progresista con la "involución" que a su juicio supondría un ejecutivo de derecha y extrema derecha.

De su lado, para gobernar Sánchez necesitaría reeditar sus acuerdos con varios partidos de izquierda radical, actualmente de capa caída.

- Los escándalos de corrupción -

El principal desgaste político de Sánchez procede de los tribunales, por una serie de escándalos de corrupción en su entorno cercano.

Su esposa Begoña Gómez afrontará un juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y dos antiguos colaboradores clave en la dirección del Partido Socialista también se sentarán en el banquillo por corrupción.

A ello se suma la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, una de las figuras más influyentes del socialismo español y aliado político de Sánchez.

La mayor amenaza para Sánchez es que el propio PSOE llegue a las elecciones imputado como persona jurídica, un escenario que no impediría automáticamente su participación en los comicios, pero que agravaría considerablemente el coste político de los casos de corrupción y podría abrir la puerta, en caso de condena, a sanciones contra el partido.

O.Lorenz--BTB