Berliner Tageblatt - Cámara instala Comisión de Inteligencia Artificial con foco en soberanía y seguridad jurídica

La Cámara de Representantes instaló formalmente la comisión accidental de Inteligencia Artificial (IA) durante una sesión plenaria celebrada en el Salón Elíptico del Congreso. El acto, coordinado por los representantes Alejandro Toro y Felipe Hernández, reunió a voces del Gobierno, gremios empresariales, academia, sociedad civil y especialistas internacionales para abordar la urgencia de definir un marco regulatorio y estratégico para la tecnología en Colombia.

El debate inicial se caracterizó por una tensión evidente entre dos prioridades: la soberanía digital y la seguridad jurídica necesaria para atraer inversión privada. La comisión fue creada mediante resolución aprobada en plenaria, respondiendo a la necesidad de estructurar una respuesta legislativa ante el rápido avance de las tecnologías generativas.

El contexto legislativo es complejo. El Proyecto de Ley 025 de 2026 de Cámara, radicado el 21 de julio por un grupo de 45 congresistas (34 de la Cámara y 11 del Senado), ya cuenta con ponencia para su primer debate, aunque aún debe completar todo el trámite constitucional. Alejandro Toro, representante por Antioquia del Pacto Histórico y ponente coordinador de dicho proyecto, reconoció durante la sesión la falta de conocimiento técnico entre los legisladores. "El 99 % de los congresistas no sabemos lo que saben ustedes, no sabemos ni siquiera qué necesitamos, qué proyectos de ley requerimos", afirmó Toro.

Para situar a Colombia en el panorama regional, Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia), presentó datos del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (Ilia) 2026. Según este informe elaborado por la Cepal y el Cenia, Colombia ocupa el cuarto lugar con 56,8 puntos, liderando el grupo de países adoptantes, aunque es superado por Chile (71,4), Brasil y Uruguay. Durán señaló que el país presenta rezagos significativos en conectividad, infraestructura de cómputo y formación de posgrado. Como parte de su presentación, mostró Latam-GPT, un modelo de lenguaje abierto entrenado con información regional para reducir la dependencia de sistemas del norte global.

Alejandro Toro ofreció un diagnóstico realista sobre la capacidad competitiva nacional. "Es muy difícil competir contra las grandes potencias como China, Estados Unidos o aquellos que hoy tienen la mayoría de grandes empresas con los modelos de frontera más importantes", declaró. Sobre la dependencia tecnológica, utilizó una metáfora gráfica: "Eso es como parar un tsunami con una esponja". A pesar de esta dificultad, Toro defendió el desarrollo de capacidades propias, citando como ejemplos Latam-GPT y el centro de datos BioNube impulsado por el gobierno anterior en Santa Marta. También propuso la creación de nuevas carreras académicas para que Colombia pueda aportar talento a la industria global.

En cuanto a la inversión pública, Toro calificó los recursos actuales como "irrisorios" y recordó que el país carece de una entidad dedicada exclusivamente al tema. No obstante, el Ilia 2026 matiza esta situación al señalar que Colombia es uno de los dos países de la región con un presupuesto definido para su programa de IA, estimado en 116 millones de dólares para el periodo 2025-2030.

Toro también advirtió sobre el estancamiento legislativo, señalando que existen más de 20 proyectos de ley relacionados que no avanzan. Utilizó la expresión "legislación forense", atribuida al presidente del Parlamento Latinoamericano, para describir el riesgo: "Cuando salgan esos proyectos de ley, si es que salen, van a ser inaplicables". Respecto a la aplicación prioritaria de la IA, Toro mencionó la educación rural en departamentos como Vichada, Guainía, Vaupés y Chocó, así como el sector defensa, con la advertencia sobre los límites al uso de armas autónomas letales.

Heiner Gaitán, representante por Cundinamarca del Pacto Histórico, enfatizó que los territorios ya reciben infraestructura tecnológica sin un marco normativo que la ordene. "Lo que hemos encontrado es que en nuestro país no hay regulación, no hay legislación al respecto y esto ha hecho que los gigantes de la tecnología pues echen mano en nuestro país", afirmó Gaitán. Sobre la dependencia de plataformas y centros de datos extranjeros, reiteró que el país es "totalmente dependiente", aunque aclaró que su propuesta no implica aislamiento: "De ninguna manera se trata de cerrar las puertas al mundo". Recordó además que la política pública ya fija metas de mediano plazo a través del Conpes 4144 de 2025.

Durante la plenaria, Gaitán denunció conflictos socioambientales derivados de la instalación de centros de datos en Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y fuentes hídricas. Su paquete legislativo incluye propuestas para regular el uso de estos sistemas por parte del Estado, exigiendo verificación, auditabilidad y control ciudadano para evitar que la IA se convierta en "punta de lanza para el autoritarismo". En el ámbito laboral, propuso que el Estado diagnostique los sectores afectados para preparar a la fuerza de trabajo.

El diagnóstico sobre un vacío normativo recibió matices durante la sesión. Daniel Ospina, asesor de la Delegatura de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), sostuvo que la IA "no existe en un vacío regulatorio", ya que la Ley 1581 de 2012 rige el tratamiento de datos. Propuso actualizar esta norma en cuatro frentes: perfilamiento, decisiones automatizadas, biometría y entrenamiento de modelos. Se ha explicado previamente que la regulación de la IA en Colombia es indirecta y sectorial.

Tereza Zoumpalova, de The Future Society, presentó el llamado global por "líneas rojas" para la IA, lanzado en la Asamblea General de la ONU en 2025. Recomendó a Colombia sumarse a estas iniciativas, designar un organismo técnico apoyado en entidades existentes, consagrar prohibiciones en la ley, exigir reporte de incidentes graves y preparar planes de crisis. "No hace falta un instituto grande, basta con designar un organismo técnico líder apoyado en instituciones que ya existen", precisó.

Otros expertos también ofrecieron propuestas concretas. Daniel Arias, docente de la Universidad de los Andes, sugirió priorizar modelos abiertos y auditables en salud, justicia y servicios públicos, además de crear un registro público de sistemas para evitar que gobernaciones y municipios negocien solo con proveedores específicos. Jesús Eduardo Sanabria, de la Universidad Militar Nueva Granada, advirtió sobre la falta de protección específica para los neurodatos y planteó la creación de un recurso de habeas mens.

El representante Miguel Ángel Grisales compartió el caso de adolescentes del Quindío que utilizan chatbots como apoyo emocional. Julián Casasbuenas, director de Colnodo, defendió reformas puntuales y participativas en lugar de una ley única, afirmando: "La tecnología no es neutral, se despliega en contextos políticos y puede profundizar las relaciones de poder".

Las voces empresariales coincidieron en la necesidad de evitar la creación de nuevas entidades burocráticas. Pablo Nieto, gerente regional de políticas públicas de la Asociación Latinoamericana de Internet (Alai), cuestionó que la región dedique más energía a restringir la IA que a usarla para el desarrollo. Santiago Marroquín, vicepresidente ejecutivo de AmCham Colombia, advirtió que exigir la localización de datos "puede incrementar costos, restringir el acceso a innovación".

Germán López Ardila, vicepresidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (Ccit), planteó que el Proyecto de Ley 025 podría requerir trámite de ley estatutaria y cuestionó la figura única de "responsable de IA". Felipe Díaz, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), estimó que el país necesita cerca de 10 billones de pesos en conectividad durante los próximos cinco años.

La comisión continuará trabajando en mesas técnicas mientras el PL 025 espera su primer debate. El reto para Colombia, y para una región que el Ilia ubica lejos de la frontera tecnológica, será convertir este diálogo en normas aplicables. Gaitán cerró la entrevista con un mensaje que coincidió paradójicamente con las posturas gremiales: "Nuestro país necesita una legislación clara sobre la Inteligencia Artificial generativa", con el fin de generar "seguridad jurídica".

B.Shevchenko--BTB